En la década pasada los países de América Latina y el Caribe (ALC) realizaron un progreso significativo en el fortalecimiento de los marcos legales e institucionales para la prevención y el control de la corrupción, en un contexto de crecimiento económico y responsabilidad fiscal. Estos logros incluyen las leyes de acceso a la información que promueven la participación ciudadana en asuntos de interés público. Asimismo, se crearon instituciones para dar seguimiento y monitorear el cumplimiento de los marcos mencionados.
No obstante, existe una brecha entre la calidad del marco institucional para prevenir la corrupción y su implementación efectiva. De acuerdo con los índices de percepción, los ciudadanos de la región expresan desconfianza en sus gobiernos debido a la sensación de impunidad, falta de independencia en el control, opacidad en la administración de los recursos públicos y cuellos de botella burocráticos que afectan la distribución de los servicios públicos. (Extracto).
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